Los pobres tenemos miedo de entrar a la cárcel por tener enganchada el agua necesaria para nuestras familias

Justo Rodríguez Arribas, natural de Málaga, vecino de La Palmilla, fue denunciado por EMASA por tener el agua enganchada en su casa. Ya estaba “enganchada” cuando alquiló su domicilio. Llegamos a un acuerdo con EMASA, junto con el concejal Jiménez y el Consejero delegado, para pagar 10 euros al mes más el consumo corriente que paga al haber instalado su contador.

Con respecto a la multa de 360 euros, se pidió el indulto al gobierno, que ha sido denegado. Al no poder pagar la multa, han decretado su ingreso en prisión durante 15 días, a pesar de las promesas de las autoridades públicas de que Justo no entraría en prisión por procurar agua para sus 7 hijos y los nietos que vienen a comer con frecuencia. Justo está al día de pago tanto de la deuda como del corriente.

Al menos dos vecinos de La Palmilla han ingresado ya en prisión y varias decenas están pendientes de ejecutar su sentencia. Por ello, entendemos que la Guerra del Agua no ha terminado, porque no han cumplido sus compromisos, siguen criminalizando y persiguiendo la pobreza.

Justo debería entrar el jueves en la prisión de Alharín de la Torre pero es una injusticia que el barrio no piensa tolerar. Los nuevos concejales necesitarían sufrir la necesidad que causa la pobreza para comprender que ejercer un derecho fundamental nunca puede ser un delito.

Convocamos una Rueda de Prensa el Lunes a las 13:00 en la plaza 26 de febrero, frente a Er Banco Güeno. 

La Palmilla en pié de guerra.