El juicio de la Buenaventura queda visto para sentencia tras la expulsión de los periodistas de la sala

En primer lugar, queremos agradecer a los militantes, colectivos y periodistas por su asistencia al juicio contra los tres activistas de la Buenaventura en el que se pedían nueve meses de cárcel para cada uno, además de una fuerte multa económica, por un supuesto delito de desobediencia a la autoridad.

Lamentamos profundamente la prohibición de asistencia a los medios de comunicación a la vista, puesto que tal y como prevé la Ley, se trata de un acto público, siendo sólo posible la censura a los medios por motivos de seguridad. La autoridad ha ordenado desalojar la sala al descubrir "una libreta" y asegurar que había móviles encendidos. Si bien es cierto que había una peligrosa libreta, todos los móviles estaban apagados, motivo por el cual condenamos la censura a los medios y procedemos a narrar todo lo acontecido en la sala.

 Como cuestión previa, el abogado defensor, Roberto Limón, ha alegado la existencia de denuncias por parte de las familias que fueron desalojadas violentamente cuando aguardaban la llegada de la policia en el exterior del edificio. Dichas denuncias fueron acumuladas al proceso principal, sin que hayan sido archivadas, motivo por el cual pueden dar lugar a sentencias contradictorias. El letrado aportó los partes de lesiones y pidió la declaración de los denunciantes, sin que se permitiera dicha declaración.

Los imputados han respondido a las preguntas del fiscal negando haber desobedecido voluntariamente ninguna orden. Han narrado como la policia intervino violentamente en el inmueble, golpeando injustificadamente a las familias que aguardan fuera sin oponer ningun tipo de resistencia.

Los denunciados, que aguardaban en la azotea la ejecución del lanzamiento, se asustaron por la violencia con la que la policia entró en el edificio, motivo por el cual se encaramaron al tejado del edificio por miedo a ser agredidos.

Fue entonces cuando comenzó a llover, motivo por el cual los imputados pidieron la intervención de los bomberos, para poder  bajar de forma segura. Los  activistas han alegado el miedo derivado de la actuación policial como eximente, puesto que ningún civil está obligado a cumplir una orden poniendo en peligro su integridad física.

El Ministerio Fiscal se ha reiterado en su califiación penal, solicitando nueve meses de prisión para cada imputado, mientras que la defensa ha pedido la libre absolución.

En su turno de última palabra, Fali ha puesto de manifiesto que el juicio no le parecía justo puesto que los testigos de la defensa fueron denegados y tan sólo se permitió la declaración de los jefes del dispositivo, sin permitir el testimonio de los agentes ni de los bomberos intervinientes. 

Por su parte, Henrry,manifestó que si continua la crueldad con la que se comportan las autoridades, desahuciando a familias, incluso con con bebés, esta crueldad puede generar odio y la legítima la autodefensa de las familias.

José Cosín ha recalcalcado en su última palabra que no se arrepiente de los hechos, y que llegado el caso, lo repetiría mil veces. Al no exisitir arrepentimiento, puesto que el Derecho a una vida digna es un bien jurídico más importante que la obediencia a una orden ilegítima, no pedirá la suspensión de la pena que le impongan, por injusta que sea.

Queremos solidarizarnos expresamente con los periodistas expulsados sin justificación alguna de la sala, y defendemos la Libertad de expresión como uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho.