STOP DESAHUCIOS mantiene la convocatoria de concentración en la ciudad de la justicia, a pesar de la prohibición de la subdelegación de gobierno

La concentración de mañana jueves 24 de julio a las 11:00 en la Ciudad de la Justicia fue convocada espontáneamente, por un grupo de activistas en solidaridad con los tres compañeros que mañana serán juzgados por defender el derecho a la vivienda de las familias de la Corrala Buena Ventura.  A petición del sindicato UGT, la convocatoria fue comunicada a la Subdelegación de Gobierno, dado el gran número de personas y colectivos adheridos a la protesta.

Esta mañana a las 12:00 la Subdelegación de Gobierno ha decidido no darse por comunicada en tiempo y forma, alegando que la convocatoria debería haberse realizado con 10 días de antelación, sin comprender que la concentración ha sido espontáneamente convocada, y que el derecho a reunión es un derecho fundamental, cuyo ejercicio no necesita de autorización previa, sino tan sólo comunicación. Asimismo fueron rechazadas las motivaciones de la urgente comunicación, es decir, la imposibilidad de impedir a la gente que acudiera a una concentración ya difundida por las redes sociales.

La negativa del Subdelegado de Gobierno a darse por notificado es un episodio más de criminalización de la protesta social. Condenamos la persecución de los activistas que ponen su integridad física en peligro para defender el derecho a la vivienda, vulnerado por las Instituciones españolas, que han rescatado a los bancos con 80.000 millones de euros, que pagaremos todos con recortes o impuestos.

Hemos recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía esta actitud propia de regímenes totalitarios. En tanto no recibamos respuesta negativa del alto Tribunal andaluz, entendemos que podemos ejercer normalmente nuestro derecho fundamental a la protesta.

Hacemos un llamamiento a los cuerpos de seguridad del Estado para que respeten nuestro derecho y la tutela judicial efectiva de los jueces, no interviniendo en una concentración legal, cuya disolución constituiría un atentando más contra los ciudadanos, a los que no sólo roban y echan de sus casas, sino que niegan incluso el derecho a protestar mientras son avasallados.